Washington, D.C.– El gobierno de Estados Unidos anunció este lunes una nueva estrategia para confrontar a la Corte Penal Internacional (CPI), organismo al que acusó de atentar contra su soberanía y de impulsar acciones judiciales contra ciudadanos, militares y funcionarios estadounidenses.
La ofensiva fue presentada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien afirmó que el tribunal internacional representa una “amenaza intolerable” para los intereses de Estados Unidos y advirtió que Washington evalúa nuevas medidas para limitar su capacidad de actuación.
“La CPI y sus aliados están librando una guerra contra nuestro país, no con balas ni misiles, sino mediante estatutos, tratados y el uso de lo que llaman derecho internacional”, señaló Rubio en un mensaje difundido a través de redes sociales.
Washington busca aislar al tribunal
De acuerdo con un comunicado del Departamento de Estado, la administración del presidente Donald Trump pondrá en marcha una campaña diplomática destinada a reducir la influencia de la Corte Penal Internacional y evitar que continúe impulsando investigaciones contra ciudadanos estadounidenses o aliados estratégicos de Washington.
Entre las acciones que se analizan figuran gestiones diplomáticas para persuadir a otros países de abandonar el organismo, así como nuevas restricciones migratorias y sanciones económicas contra funcionarios y magistrados vinculados con la corte.
Las autoridades estadounidenses sostienen que la CPI carece de jurisdicción sobre ciudadanos de países que no forman parte del Estatuto de Roma, tratado que dio origen al tribunal en 2002.
Estados Unidos nunca ha ratificado dicho acuerdo internacional. Tampoco lo han hecho naciones como Israel y Rusia.
Crece la tensión entre Washington y La Haya
La relación entre la administración Trump y la Corte Penal Internacional se ha deteriorado de manera significativa en los últimos años, especialmente a raíz de investigaciones relacionadas con conflictos armados y presuntos crímenes de guerra.
Actualmente, varios integrantes de la CPI ya enfrentan sanciones impuestas por Estados Unidos, incluidas restricciones para ingresar al país y el bloqueo de activos o transacciones financieras bajo jurisdicción estadounidense.
La mayoría de estas medidas están vinculadas a las investigaciones emprendidas por el tribunal sobre las acciones militares de Israel en Medio Oriente, aliado histórico de Washington.
Órdenes de arresto que tensaron la relación
La confrontación se intensificó tras las órdenes de detención emitidas por la CPI contra figuras de alto perfil internacional.
En 2024, el tribunal con sede en La Haya emitió órdenes de captura contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por presuntos crímenes relacionados con el conflicto en Gaza.
Un año antes, en 2023, la corte también ordenó la detención del presidente ruso Vladimir Putin por presuntos delitos vinculados a la guerra en Ucrania.
Estas decisiones fueron interpretadas por Estados Unidos como ejemplos de una creciente expansión del alcance del tribunal, postura que Washington rechaza al considerar que vulnera la soberanía de los Estados que no reconocen la jurisdicción de la CPI.
Debate sobre justicia internacional
La Corte Penal Internacional fue creada para procesar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y delitos de agresión cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no desean actuar.
Sin embargo, la postura de Estados Unidos continúa siendo que ninguna instancia internacional debe tener facultades para juzgar a sus ciudadanos sin su consentimiento, una posición que ha generado tensiones recurrentes con organismos multilaterales y defensores del derecho internacional.
Con el anuncio de esta nueva campaña, la administración Trump abre un nuevo capítulo en su confrontación con la justicia internacional, en un contexto marcado por conflictos globales y crecientes disputas sobre los alcances de la jurisdicción internacional.