La Comisión de Gobernación aprobó el dictamen con 14 votos a favor y uno en contra; la propuesta plantea nuevas restricciones para quienes busquen una diputación o senaduría
Ciudad de México.— El Senado de la República dio un paso más para impedir que personas con adeudos alimentarios puedan contender por cargos de elección popular.
La Comisión de Gobernación aprobó el dictamen con 14 votos a favor y uno en contra, con el que se plantean modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para establecer mayores requisitos a quienes busquen una candidatura.
La propuesta busca que las personas aspirantes a cargos de elección popular acrediten el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias y no se encuentren en los supuestos que establece la legislación para los deudores alimentarios morosos.
Buscan reforzar protección a niñas, niños y adolescentes
Durante la discusión, se destacó que la medida tiene como propósito fortalecer la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, particularmente respecto al derecho a recibir alimentos.
El proyecto contempla modificaciones a los artículos 238 y 383 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, relacionados con los requisitos para el registro de candidaturas.
Además, la propuesta incorpora disposiciones relacionadas con la transparencia de quienes pretendan llegar al Congreso de la Unión, entre ellas la presentación de declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal.
¿Qué pasará con la reforma?
Aunque el dictamen ya fue aprobado en la Comisión de Gobernación, todavía debe continuar su proceso legislativo, por lo que las modificaciones no entran en vigor de manera automática.
El Senado deberá continuar con la discusión correspondiente y, en caso de aprobarse, el proyecto tendrá que seguir las etapas legislativas previstas para su eventual entrada en vigor.
La discusión ocurre en un contexto en el que ya existen mecanismos legales para identificar a personas que incumplen con sus obligaciones alimentarias, entre ellos el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
La propuesta busca trasladar estas obligaciones al ámbito electoral y establecer reglas específicas para evitar que quienes mantengan determinados adeudos alimentarios puedan acceder a una candidatura.
Hasta ahora, se trata de un dictamen aprobado en comisión y no de una reforma vigente.